El periodista marroquí Taoufik Bouachrine, director del diario independiente “Akhbar Alyaoum”, se encuentra en prisión en Casablanca, tras haber sido detenido el pasado 23 de febrero por más de 20 agentes de la Brigada Nacional de Policía Judicial.

Se le acusa de delitos muy graves, como tráfico de personas, violación y acoso sexual. Este miércoles 11 de abril está citado ante el tribunal para la celebración del juicio.

Sus abogados han informado de que no existen pruebas de la comisión de dichos delitos, ya que los vídeos que ha aportado la Policía Judicial muestran la existencia de varias reuniones, pero en ningún caso escenas de violencia o coacción. Incluso una de las mujeres que trabajaba en el mismo periódico, tras comprobar que la Policía Judicial hizo constar que había declarado haber sido acosada sexualmente por el periodista, ha denunciado por falsificación.

Por otra parte, el periodista fue trasladado directamente a la Sala de lo Penal el 8 de marzo, siguiendo un procedimiento de comparecencia inmediata. A este respecto, si bien la legislación marroquí prevé que en casos de flagrante delito el Fiscal General del Tribunal de Apelación puede presentar directamente a un acusado ante la Sala de lo Penal, en este caso no concurriría la condición imperativa de flagrancia, ya que la detención se produjo cuando el periodista bajaba en el ascensor del edificio en que se encuentra ubicada su oficina.

Hay que tener en consideración que esta detención se produce en un contexto de persecución de periodistas críticos con la Monarquía y el Gobierno de Marruecos, el cual ha sido denunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y por organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.  Precisamente  Bouachrine, como consecuencia de sus publicaciones relativas a determinadas actuaciones que podrían ser constitutivas de corrupción política, fue condenado el pasado 12 de febrero por el Tribunal de Apelaciones de Casablanca a pagar 40.000 euros a los Ministros de Agricultura y de Economía.

Dadas las circunstancias que rodean al presente proceso judicial, la Asociación Pro Derechos Humanos de España realiza un llamamiento urgente para que el juicio, en caso de ser finalmente celebrado, se desarrolle con el más absoluto respeto de las garantías procesales, específicamente:

Ø El Tribunal debe garantizar que las pruebas en que se sustenta la acusación se han obtenido de forma lícita, y que los testigos no han recibido ningún tipo de presión.

Ø El Tribunal debe ejercer su función con total independencia e imparcialidad, obviando la alarma social que se ha generado como consecuencia de los graves delitos que se imputan.

Ø El juicio debe ser público y se debe permitir el acceso a la sala de observadores externos, especialmente abogados y periodistas, nacionales e internacionales.

Ø El Ejecutivo Marroquí debe abstenerse de realizar cualquier injerencia o influencia sobre el Tribunal.

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