la vanguardia

Es como si la coincidencia de dos iniciativas penales a uno y otro lado del Atlántico hubiera sido un designio de Dios o del azar, como cada cual prefiera, que ha hecho, eso sí, que se reavive la fe en la justicia universal. El caso por la muerte del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita español Ignacio Ellacuría, asesinado en San Salvador el 16 de noviembre de 1989, será visto 28 años después en la Audiencia Nacional, algo que se ha confirmado en paralelo a que la justicia salvadoreña haya empezado a dar sus primeros pasos encaminados a juzgar la trama cívico militar que sigue impune.

 

 

La Audiencia Nacional muestra de nuevo su larga –y a veces accidentada– vocación en defensa del derecho humano internacional. Y lo hace al conseguir que un coronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales, vaya a ser juzgado en Madrid por el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles víctimas como él de que aquella masacre: Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. No fueron los únicos ejecutados por un escuadrón militar aquella madrugada de noviembre en el campus universitario. También lo fueron el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, su empleada doméstica Julia Elba Ramos y la hija de esta, Celina Mariceth Ramos, que sólo dos días después, pese a sus 15 años, una edad demasiado temprana para sus progenitores, iba a contraer matrimonio.

Un coronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales, será juzgado en Madrid por el asesinato del padre Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles

La Audiencia Nacional sólo puede juzgar delitos cometidos en el extranjero si sus víctimas son españolas, por ello los asesinatos del jesuita salvadoreño y de las dos mujeres quedan fuera de las acusaciones que se formulan contra el coronel Montano, cuya extradición de Estados Unidos a España ha sido una ardua labor tanto de las acusaciones como del Juzgado Central número seis que instruye este caso desde hace años.

Resulta que cinco días después de que Montano llegara a Madrid y se decretara su inmediato ingreso en prisión sin fianza, la fiscalía general salvadoreña solicitó a los tribunales de esa república centroamericana que dejara “sin efecto el auto de resolución de sobreseimiento definitivo y por ende se reaperture el caso”, según el texto elevado al juzgado tercero de paz de San Salvador. El caso al que se refiere la fiscalía salvadoreña es el último que en el año 2000 estuvo a punto de celebrarse en relación con la matanza de la UCA en 1989, pero que la ley de amnistía entonces vigente lo impidió. Esa ley de perdón generalizado ha sido rechazada recientemente en El Salvador por el equivalente al que sería el Tribunal Constitucional en España. Eso abre la vía por la que quieren volver a abrir el caso tanto la fiscalía como los familiares y amigos de las víctimas que han confiado en el actual rector de la universidad, el padre Andreu Oliva, la dirección de estas iniciativas.

 

 

La Audiencia Nacional sólo puede juzgar delitos cometidos en el extranjero si las víctimas son españolas

“Los diferentes gobiernos no han tenido voluntad de que hubiera conocimiento de la verdad. Ello muestra la existencia de un acuerdo entre partidos, incluso con el Frente Farabundo Martí (FMLN, antigua guerrilla y hoy una formación política), pero parece que ahora tenemos una justicia más independiente de los poderes fácticos. […] Podría parecer que hemos esperado a la extradición de Montano a España para pedir la reapertura del caso, pero no es así. Ha sido pura casualidad”, explica el rector Oliva, nacido en Barcelona, pero que lleva viviendo tantos años en El Salvador que tiene la doble nacionalidad.

La máxima autoridad de la Universidad Centroamericana de El Salvador asegura que en sus departamentos de investigación se hacen encuestas de opinión pública y muy a menudo se pregunta sobre los crímenes durante la guerra: “Una mayoría del 70% cree que deberían aclararse estos asuntos relacionados con el conflicto armado”.

Está en manos de la justicia salvadoreña satisfacer esa demanda, pues sólo allí podrá juzgarse a los presuntos responsables. La Corte Plena de Justicia de El Salvador dictaminó que el resto de los presuntos implicados en la masacre de la UCA no son extraditables, pero en cambio en el mismo pronunciamiento abogó de forma clara por que fueran juzgados en su país.

 

 

Mientras la justicia salvadoreña estudia si procede a la reapertura del caso, el juicio oral contra el coronel Montano parece algo muy tangible. Este alto oficial era viceministro de Seguridad Pública en el momento de los hechos. Además, era máximo responsable de Radio Cuscatlán, una emisora estatal desde la que en los días previos a los asesinatos de los seis jesuitas y de las dos mujeres estuvo lanzando “amenazas de muerte” contra el rector y el resto de los jesuitas y mensajes en “los que se acusaba de ser terroristas y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, según consta en el auto de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Según las investigaciones, Montano participó en reuniones en las que se decidió matar a los jesuitas y compartió la toma de decisiones a este respecto que protagonizó un grupo de mandos militares conocido en El Salvador como La Tandona. Era la promoción de oficiales de 1966. Ascendieron todos a la vez mediante un curioso sistema de promoción interna existente entonces. En aquel momento, y coincidiendo con una fuerte ofensiva del FMNL que llegó a alcanzar a barrios de San Salvador, La Tandona concentraba el máximo de su poder hasta entonces.

 

 

Tras una reunión del más alto nivel llevada a cabo tres días antes, y después de elegir para ella a un grupo de élite del ejército conocido como batallón Atlacatl, la operación para asesinar a los jesuitas se puso en marcha sobre la una de la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Los religiosos, incluido el rector Ellacuría, fueron llevados en plena oscuridad con falsos pretextos hasta el jardín y luego acribillados. Las dos mujeres sufrieron la misma suerte, pero dentro de una habitación de la residencia donde habían acudido a esconderse. Las autoridades culparon al FMNL, que estaba en pleno avance guerrillero sobre la ciudad.

Pero esos intentos incriminatorios fueron en vano, y eso a pesar de que a un miembro del escuadrón militar desplazado a la UCA que sabía manejar bien el fusil AK 47 se le hizo la especial encomienda de llevar una de estas armas y ser él quien asesinara personalmente a los jesuitas, según se recoge en las diligencias de la Audiencia Nacional. El AK 47 era el fusil de asalto que utilizaban los guerrilleros.

Enseguida trascendió que habían sido los militares los autores de aquello. Se presionó al gobierno de entonces y hasta se acabó celebrando un juicio sin las mínimas garantías tras el que se condenó a un coronel y a un teniente que meses después fueron amnistiados.

 

 

Manuel Ollé Sesé, uno de los abogados de la acusación, el que representa a la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (Apdhe), confía en el resultado del juicio en la Audiencia Nacional, que podría verse el próximo septiembre. Para Ollé, “el material incriminatorio es abundante y contundente, son indicios más que suficientes como para apuntar a una condena del coronel Montano”.

Respecto al resto de los presuntos autores y su condición de no extraditables –salvo que en algún momento salgan al extranjero, pues sigue en vigor la orden internacional de arresto dictada por el juez Eloy Velasco–, el letrado Ollé recuerda al Estado salvadoreño que si se niega a entregarlos tendrá que juzgarlos tal y como obliga la legislación internacional. Veremos si eso ocurre. Muchos creen que la presión para que los presuntos asesinos de los jesuitas se vean ante un tribunal de San Salvador es más una apuesta política que jurídica, que, en todo caso, afectaría a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

El tono del rector Oliva a través del teléfono es suave, pero su mensaje es rotundo, casi turbador: “Que se practique esa política de perdón y olvido es muy peligroso… […] Se violaron los derechos humanos y las leyes de la guerra y se actuó de una manera brutal”.