Durante los últimos días, el Ministro del Interior Don Juan Ignacio Zoido, ha realizado una serie de declaraciones vergonzosas centrando su discurso en el aumento de la inmigración irregular en España, la necesidad de fortalecer el control fronterizo y la criminalizando del papel que las organizaciones no gubernamentales están llevando a cabo salvando vidas.

Ante estas inaceptable declaraciones que atentan directamente contra quienes defienden los derechos humanos, numerosas organizaciones han levantado su voz duramente ante la irresponsabilidad de dichas declaraciones, exigiendo un cambio en las políticas migratorias y de refugio en España.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España queremos recordar al Señor Zoido que:

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario es una obligación de todos los Estados dar protección internacional a las personas que se ven forzadas a salir de sus países por los conflictos existen, poniendo en riesgo su vida en el mar. Sin embargo en Ceuta y Melilla de les deniega el derecho al asilo.

De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos es necesario el establecimiento de vías de acceso y acogida para todas aquellas personas que huyen de países en conflicto. Las políticas migratorias que refuerzan el cierre de fronteras obligan a buscar nuevas rutas más peligrosas y mortales, vulnerando el derecho a la vida de estas personas.

Es obligación de los Estados dar protección y garantizar los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas y no de las organizaciones no gubernamentales. es inadmisible que organizaciones de la sociedad civil intervengan asistiendo a inmigrantes y refugiados, asumiendo funciones cuya responsabilidad recae en el Estado, para ser luego estigmatizadas por las instituciones, bajo la excusa de que generan un “efecto llamada” y promueven la inmigración irregular.

Diferentes organismos de Naciones Unidas han llamado la atención al Gobierno español en numerosas ocasiones por la falta de garantías de las políticas migratorias y de refugio que dejan en total desprotección a las personas que llegan a nuestro país forzadamente. En especial han sido duramente criticadas las devoluciones en caliente y la existencia de los CIE.

Ante esta situación, desde la APDHE exigimos al Gobierno español un cambio en la política migratoria y en el trato a las personas susceptibles de protección internacional y que cumpla con sus obligaciones internacionales adoptando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas.